Policies, plans and strategies related to FNS in Cuba

  • Cuba

    National Action Plan for Nutrition

    Following the International Food Conference in 1992 in Rome, the National Action Plan for Nutrition was developed. This includes a more comprehensive framework with strategies, Objective and programs to achieve food security. The Plan has been updated and evaluated regularly; the latest assessment was presented at the World Food Summit held in 2002. The overall objectives of the policy, followed in the sector, are to increase food production by all feasible ways and achieve equitable distribution, as well as providing preferential attention to the most vulnerable groups of the population. The institutions from the central government that are responsible for security, agriculture, fisheries, food, domestic trade, public health, education, science, technology, environment and water resources are coordinated in order to accomplish this Plan.

    PNAN
    • Cuba

      Food Security Policy

      In the Food Security Policy, special attention is provided to integrated rural development. The actions are aimed to: on the one hand, provide agricultural research services, scientific and technical transfer, and financing advice for producers regarding natural disasters and pests, or to improve rural structures and the acquisition of equipment and machinery; on the other hand, they refer to building communities and technical infrastructure and basic services, in order to stabilize the workforce and improve the quality of life in the area.

      To ensure access to food, the Food Security Policy created objectives focused on rationed distribution and allocation to food programs and social assistance. Rationed distribution consists of the delivery to the entire Cuban population of a basket of essential food items like rice, beans, meat, fat, sugar and milk. The basket is offered at subsidized prices. Children of up to six years of age, pregnant women, the elderly and the chronically ill receive assortments and differentiated quotas. These are higher in some areas, such as Havana and Santiago de Cuba.

      A crucial component of the policy is based on the systematic evaluation of existing nutritional conditions. In order to accomplish the aforementioned, the Food and Nutrition Surveillance System is created. This program performs the systematic surveillance of food and chemical and biological contaminants that transmit diseases, it evaluates the diet that is offered in schools and workplace cafeterias and controls the monitoring of maternal and child nutrition. As a part of the system, monitoring sites are created in order to monitor food and nutrition in all provinces.

      Food Security Policy
      • Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Panama, Peru, Dominican Republic, Saint Kitts & Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Lucia, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay

        Paris Agreement

        El Acuerdo de París, se establece dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Este consiste en un conjunto de medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por medio de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global, su aplicación está pensada para el año 2020, año que finaliza la vigencia del protocolo de Kyoto.

        El acuerdo fue negociado durante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21) por los 195 países miembros. Adoptado el 12 de diciembre de 2015 y abierto para firma el 22 de abril de 2016. A la fecha se cumplió la condición para su entrada en vigor  (Artículo 21,1) al ser ratificado por más de 55 partes, las cuales superan el 55 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

      • Cuba

        Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica

        El Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica se adoptó el 29 de octubre de 2010 y entró en vigor el 12 de octubre de 2014.

        El Convenio sobre la Diversidad Biológica quedó listo para la firma el 5 de junio de 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (la “Cumbre de la Tierra”) y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. Este Convenio es el único instrumento internacional que aborda de manera exhaustiva la diversidad biológica. Los tres objetivos del Convenio son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos. Para dar mayor impulso al logro del tercer objetivo, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, septiembre de 2002) se hizo un llamamiento para negociar, dentro del marco del Convenio, un régimen internacional que promoviera y salvaguardara la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos.

        A través de este Protocolo se pretende reforzar el cumplimiento de las normas nacionales de acceso de los países proveedores de recursos genéticos mediante la exigencia de medidas de cumplimiento y seguimiento en los terceros países donde se utilicen dichos recursos genéticos.

        Todos los países se comprometen a tomar medidas que aseguren que los recursos genéticos utilizados dentro de su jurisdicción hayan sido accedidos de conformidad con el marco nacional del país proveedor, y de esta forma, se comprometen a luchar en su jurisdicción contra la biopiratería. Para ello, todos los países que forman parte del Protocolo deben establecer puntos de control bajo su jurisdicción, ante los que los usuarios de recursos genéticos deben aportar información sobre el acceso legal a dichos recursos, principalmente a través del certificado de cumplimiento.

      • Brazil, Chile, Costa Rica, Cuba, Panama, Paraguay, Peru

        Acuerdo sobre las Medidas del Estado rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Illegal, no Declarada y no Reglamentada

        El Acuerdo de FAO sobre medidas del Estado rector del puerto para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (el Acuerdo) fue adoptado por la Conferencia de la FAO el 2009.

        Con el fin de tener pleno efecto y para ser aplicadas a nivel nacional, los requisitos del Acuerdo deben ser incorporados en la legislación nacional. Incluso antes de que el Acuerdo haya entrado en vigor, los Estados, incluidos los que no desean llegar a ser parte, podrían ejecutar las medidas del Estado del puerto que figuran en el Acuerdo.

        La adopción del Acuerdo trata de mejorar la conservación y ordenación de la pesca, para combatir la pesca INDNR y para reducir el volumen de producto INDNR que entra en los mercados nacionales e internacionales.

        La pesca INDNR es un problema importante en el rubro y representa una seria amenaza para la conservación y la gestión eficaz de muchas poblaciones de peces.

      • Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Cuba, Curaçao, Dominica, Grenada, Guadeloupe, Guyana, Cayman Islands, Turks and Caicos Islands, British Virgin Islands, US Virgin Islands, Jamaica, Martinique, Montserrat, Dominican Republic, Saint Kitts & Nevis, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Lucia, Suriname, Trinidad and Tobago

        Civil Society Action Plan 2017-2021: Preventing Childhood Obesity in the Caribbean

        El Plan de Acción se desarrolló para guiar la respuesta de la sociedad civil caribeña al reconocimiento mundial, regional y nacional de la carga cada vez mayor de enfermedades no transmisibles (ENT) y de las tendencias al alza en la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en niños y niñas. Se han desarrollado varios marcos regionales y mundiales para orientar la prevención de la obesidad infantil, y algunos países del Caribe cuentan con planes estratégicos nacionales para la prevención y el control de las ENT dirigidos específicamente a hacer frente a la obesidad infantil. Las políticas nacionales, la legislación y las regulaciones que abordan dos de los principales factores de riesgo de ENT -una dieta poco saludable y la inactividad física- también contribuyen a la prevención de la obesidad infantil. 

        Las tasas de sobrepeso y obesidad infantil en el Caribe son asombrosas y se encuentran entre las más altas del mundo. Si no se controlan, amenazan con socavar la salud de generaciones enteras y revertir los avances del desarrollo en toda la región. La sociedad civil, en colaboración con el gobierno y el sector privado, tiene un papel fundamental que desempeñar en la adopción de medidas para abordar esta problemática.

        • Antigua and Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Grenada, Guatemala

          Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables

          La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) es una organización intergubernamental que apoya a los países en su transición hacia la energía sostenible y sirve como plataforma principal para la cooperación internacional, un centro de excelencia y un repositorio de políticas, tecnología y recursos financieros en energía renovable. IRENA promueve la adopción generalizada y el uso sostenible de todas las formas de energía renovable, incluida la bioenergía, la energía geotérmica, hidroeléctrica, oceánica, solar y eólica en la búsqueda del desarrollo sostenible, el acceso a la energía, la seguridad energética, el crecimiento económico y la prosperidad bajos en carbono.

        • Cuba

          Política Ambiental

          A través de la Ley No. 81 de 1997, denominada Ley del Medio Ambiente, se establecen los principios que rigen la política ambiental y las normas básicas para regular la gestión ambiental del Estado y las acciones de los ciudadanos y la sociedad en general, a fin de proteger el medio ambiente y contribuir a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible del país. En Cuba, el medio ambiente es patrimonio e interés fundamental de la nación y por lo tanto el Estado ejerce su soberanía sobre él en todo el territorio nacional y en tiene el derecho de aprovechar los recursos que lo componen según su política ambiental y de desarrollo. La Ley 81 de 1997 derogó la Ley 33 de Protección del Medio Ambiente y el Uso Racional de los Recursos Naturales”, del 10 de enero de 1981, la cual representó una temprana e importante expresión normativa de los principios de la política ambiental cubana, que sentó las bases para el desarrollo del ordenamiento jurídico nacional en esta esfera. Sin embargo, las condiciones de desarrollo económico y social demandan un marco legal más acorde con las nuevas realidades, en tanto la citada legislación ha sido en buena medida sobrepasada por los más recientes avances en materia ambiental, en el ámbito nacional e internacional, y requirió ser sustituida por un instrumento jurídico que refleje, de modo más adecuado, las exigencias de la protección del medio ambiente y la consecución del desarrollo sostenible. De igual manera era necesario actualizar los principios, objetivos y conceptos básicos de la política ambiental cubana, el marco institucional y los instrumentos para su materialización, las atribuciones, funciones y deberes de los órganos y organismos estatales y en general, los derechos y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, los cuales se presentan en la nueva Ley.

        • Cuba

          Plan Hidráulico Nacional

          El Plan Hidráulico Nacional es continuidad del "Programa de la Voluntad Hidráulica" iniciada por nuestro Comandante en Jefe, y a su vez constituye una de las herramientas fundamentales para la implementación  de los  Lineamientos de la  Política Económica y Social del Partido y la  Revolución aprobados en el VI y VII Congresos del PCC, así conlO de la Ley de las Aguas Terrestres.

          El Plan Hidráulico Nacional forma  parte del Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y tiene como objetivo:

          1. Proteger los recursos hídricos.
          2. Mejorar la eficiencia en el uso del agua.
          3. Incrementar  la  disponibilidad  de  agua  para  garantizar  las demandas para el abasto a la  población, el riego, el desarrollo turístico y otras necesidades de la sociedad.
          4. Mejorar la  calidad  de los  servicios de agua potable y de saneamiento e incrementar la cobertura en ambos servicios.
          5. Mantener en buen estado la infraestructura hidráulica construida.
          6. Incrementar la  calidad y  cantidad de las  observaciones de las principales variables que caracterizan el comportamiento del ciclo hidrológico.

          Impacto social

          1. Incremento  de la  cobertura de acceso al agua potable a la población,  potenciando  el  servIcIo  a  través  de  redes intradomiciliarias. (en el período 2013-2018 se incrementó un 2,2%  la cobertura).
          2. Reducir pérdidas en  conducción  lo  que permite mejorar el servicio de agua potable, reducir los  ciclos de distribución, y mejorar las  presiones de trabajo.  (1,7  millones de habitantes beneficiados)
          3. Rehabilitación de Estaciones de Bombeo, Conductoras y Redes de  distribución.  (priorizando  las  cabeceras  provinciales  y municipales, se trabaja en 17 ciudades).
          4. Incremento de la cobertura de acceso al sanearrliento adecuado.(en el período 2013-2018 se incrementó un 2,70/0 la cobertura).
          5. Mejorar calidad en el servicio de abasto y saneamiento a las obras vinculadas al turismo. ( se trabaja en 8 polos turísticos)
          6. Mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de las comunidades, permitiendo  reducir  la  carga  contanlinante  de  las  aguas terrestres.
          7. Garantizar la infraestructura hidráulica destinada al riego agrícola (construcción  de canales magistrales, trasvases,  que pemite regar más 15 000 hectáreas).
          8. Permite nlitigar los  efectos  de  la  intrusión  marina en  los acuíferos, garantizando disponibilidad de agua para el abasto y riego agrícola.

          En el periodo 2015 - 2018 se han terminado más de 930 obras por un valor superior a los 1 480 millones de pesos.

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