Leyes y decretos sectoriales en Venezuela: Desarrollo y protección social

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    Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones

    El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, tiene como objeto regular los mecanismos a través de los cuales el Estado Venezolano, conjunta y articuladamente con el Poder Popular bajo sus diversas formas de expresión y organización, promueven el desarrollo social integral; así como la protección social de los ciudadanos y ciudadanas, mediante el establecimiento de Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones, orientadas a asegurar el ejercicio universal de los derechos sociales consagrados en la Constitución dela República Bolivariana de Venezuela.

    Las disposiciones de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica serán de orden público y serán aplicadas en todo el territorio de la República a la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal, a las organizaciones del Poder Popular, así como a todas las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que tengan responsabilidades, obligaciones, derechos y deberes vinculados al ejercicio de los derechos sociales de las personas y del pueblo. 

    Además crea el Sistema Nacionalde Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones “Hugo Chávez”, como un conjunto integrado de normas, políticas y programas que materializan los derechos y garantías del Estado Social de Derecho y de Justicia y que fungirá de plataforma de organización, articulación y gestión de las Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones en los distintos niveles político-territoriales del país.

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    Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal

    El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, tiene como objeto regular el derecho a la jubilación y pensión de los trabajadores y las trabajadoras de los órganos y entes de la Administración Pública.

    Quedan sometidos a la aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley los órganos, entes, trabajadores y trabajadoras de:

    1. Los Ministerios del Poder Popular y demás órganos y entes de la Administración Pública Nacional Centralizada de la República.
    2. La Procuraduría General de la República.
    3. El Distrito Capital y sus entes descentralizados.
    4. Los órganos de los estados y sus entes descentralizados.
    5. Los órganos de los municipios, los distritos metropolitanos y sus entes descentralizados.
    6. Los institutos públicos.
    7. Las fundaciones del Estado.
    8. Las personas jurídicas de derecho público, constituidas de acuerdo a las normas de derecho privado, con forma de sociedades anónimas, donde el Estado tenga una participación mayor al 50% del capital social.
    9. Los demás entes descentralizados de la Administración Pública Nacional, de los estados y de los municipios.

    Quedan exceptuados de la aplicación del Decreto con Rango,Valor y Fuerza de Ley, los órganos y entes, trabajadores y trabajadoras cuyo régimen de jubilación o pensión esté consagrado en leyes nacionales y las empresas del Estado y demás personas jurídicas de derecho público constituidas de acuerdo a las normas de derecho privado que hayan establecido sistemas de jubilación o de pensión en ejecución de dichas leyes. En los casos anteriores deben ser contributivos y el patrono debe aportar, así como sus trabajadores y trabajadoras deben contribuir, de acuerdo con lo establecido en este Decreto con Rango, Valory Fuerza de Ley. Estas cotizaciones deben enterarse a la Tesorería de Seguridad Social.

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    Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos

    La Ley tiene por objeto asegurar el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional, a través de la determinación de precios justos de bienes y servicios, mediante el análisis de las estructuras de costos, la fijación del porcentaje máximo de ganancia y la fiscalización efectiva de la actividad económica y comercial, a fin de proteger los ingresos de todas las ciudadanas y ciudadanos, y muy especialmente el salario de las trabajadoras y los trabajadores; el acceso de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades; establecer los ilícitos administrativos, sus procedimientos y sanciones, los delitos económicos, su penalización y el resarcimiento de los daños sufridos, para la consolidación del orden económico socialista productivo.

    Quedan sujetos a la aplicación de la Ley, las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades económicas en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, incluidas las que se realizan a través de medios electrónicos. Se exceptúan aquellas que por la naturaleza propia de la actividad que ejerzan se rijan por normativa legal especial.

    Además, crea la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), como un órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, adscrita a la Vicepresidencia Económica de Gobierno.